Hemeroteca Pública
José Hernández

Este periódico surgió en un contexto de cambios políticos y sociales tras la Revolución de Mayo y buscaba difundir ideas y opiniones sobre la situación del momento. 

El periódico se publicó durante un período de inestabilidad política en el Río de la Plata, tras la Revolución de Mayo que depuso al virrey Cisneros. 

Francisco José Planes fue el principal redactor y editor del periódico. 

"El Grito del Sud" reflejaba las posturas políticas de la época, con un enfoque en la necesidad de independencia y la participación ciudadana en la vida política. 

El periódico tuvo una corta vida, publicándose desde el 14 de julio de 1812 hasta el 2 de febrero de 1813. 

A pesar de su corta duración, "El Grito del Sud" fue un importante medio de difusión de ideas revolucionarias y contribuyó al debate político y social de la época. 

 En resumen, "El Grito del Sud" fue un periódico clave en la etapa inicial de la independencia argentina, que reflejó las tensiones y debates de la Revolución de Mayo y la necesidad de construir una nueva identidad nacional. 

Dos años antes, en un atentado similar, fue volada la embajada de Israel en Argentina que causó la muerte de 22 personas.

Con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas,​ algunas fuentes lo consideran el mayor atentado terrorista de la historia argentina.​ Fue también el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.​ La comunidad judeoargentina con casi 300 000 personas, de las cuales más del 80 % vive en la Ciudad de Buenos Aires, es la sexta mayor del mundo.​

En 2006, después de doce años de investigación, el fiscal especial a cargo de la investigación basado en informes de los servicios de inteligencia argentino, estadounidense e israelí, acusó formalmente, al gobierno de Irán de aquel entonces, de planificar el atentado y al partido Hezbolá del Líbano, de ejecutarlo. Dando crédito a la llamada pista iraní, consideró que el atentado fue resuelto en una reunión de los máximos integrantes del gobierno de Irán y fue llevada a cabo por la organización terrorista libanesa Hezbolá, que respondía al gobierno iraní.​ Irán, por su parte negó estar relacionado con el atentado. La justicia argentina imputó a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores,​ contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas.​ Según la investigación, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.​ En septiembre de 2003, uno de los imputados, el exembajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, acusado de ser partícipe necesario, pero la justicia británica rechazó su extradición y fue liberado.​

Durante los primeros años de investigación, la justicia argentina con apoyo de funcionarios del gobierno de Carlos Menem, encubrió el atentado armando una causa para imputar a expolicías de la provincia de Buenos Aires (que permanecieron casi una década presos) y llevarlos a juicio.​ El llamado "primer juicio" se inició en 2001 contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos. Durante el mismo (2001-2004) los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos, dejando al descubierto un amplio encubrimiento en el que habían participado el juez de la causa, dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y los servicios de inteligencia. El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando su liberación. Como consecuencia del fallo fueron destituidos el juez de la causa Amia, Juan José Galeano, y dos de los tres fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen, por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación, especialmente el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldin, facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba.​

Ubicado entre la Avenida Rivadavia y las calles Doblas, Chaco, Rosario y Beauchef del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, que fue creado mediante la Ordenanza N° 2702 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 10 de julio de 1928. Sus proyectistas fueron Carlos León Thays y Francisco Lavecchia.​

Presenta una gran arboleda, un pequeño lago artificial, el monumento a Simón Bolívar, una antigua noria (única construcción original de la época en que el parque pertenecía a la familia Lezica), un anfiteatro, juegos para niños y una pista de patinaje.​

El 16 de enero de 2003 comenzaron las últimas obras de remodelación del parque que incluyeron un enrejado perimetral de 625 metros, 9 entradas, 9 puestos de seguridad, el plantado de nuevos árboles, la instalación de riego por aspersión, la ubicación de nuevos bancos y el acondicionamiento del paseo de las magnolias.

El terreno en que se encuentra el parque pertenecía a la quinta de Ambrosio Plácido de Lezica, (1811-1881), quien fue sobrino nieto de Juan de Lezica y Alquiza.​ Este último fue una figura relevante durante Revolución de Mayo en la Argentina, pues ocupaba en ese entonces el cargo de alcalde de primer voto en el Cabildo de Buenos Aires, y además amasó una gran fortuna que llegó -por medio de herencias- hasta las manos de Ambrosio. Habiendo ocupado importantes cargos como funcionario -entre otros, senador del Estado de Buenos Aires y juez de paz. Además tenía muchas propiedades en la Provincia de Buenos Aires y en Montevideo, curtiembres en Entre Ríos y acciones en los ferrocarriles. Pero con el correr del tiempo los negocios en los que se encontraba inmerso comenzaron a decaer, y debió vender, entre otros muchos bienes, su quinta en Caballito y las curtiembres.​

La quinta de la familia Lezica era una gran triángulo delimitado por la Avenida Rivadavia, la Avenida La Plata y la calle Rosario. En 1908, ya fallecido Ambrosio Lezica, su esposa Rosa encargó al menor de los hijos, Ángel, que vendiera lo que quedaba de las posesiones territoriales, entre ellas, la vieja quinta que les sirviese de vivienda. Esta propiedad le fue ofrecida a la Municipalidad, pero no se llegó a un acuerdo. Después de muchos años, les fue expropiada por el municipio.​

Aquel 9 de Julio de 1816 un grupo de representantes  de las Provincias Unidas, reunidos en Congreso General Constituyente en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, firmaron el Acta de la Declaración de la Independencia. Este acontecimiento significó el quiebre definitivo con los lazos de subordinación con la monarquía española y la manifestación de renuncia a toda forma de dominación extranjera.